país Valencia, 12 de Marzo de 1998

Editorial Notitarde C.A.

Designados dos fiscales para iniciar investigaciones Enfrentados Carlos Tablante y la Judicatura por denuncia contra jueces narco-complacientes Caracas, marzo 11 (Zoraida Carvajal).- La presidenta del Consejo de la Judicatura, Gisela Parra, y el presidente de la Comisión Nacional Antidrogas, Carlos Tablante, tuvieron un enfrentamiento verbal en la sede de la Comisión Antidrogas del Congreso, al discutir sobre las denuncias hechas por Tablante, en relación a la existencia de jueces narco-complacientes, que ponen en libertad a detenidos por este delito y facilitan el tráfico, lavado y consumo de drogas en nuestro país. El primer combate verbal lo tuvo Tablante, quien reiteró ante la Comisión congresional sus denuncias, hechas públicas ante la Fiscalía General de la República, en el sentido que existía una serie de jueces en el país, de los cuales mencionó ocho nombres, que estarían siendo comprados por el narcotráfico internacional, a objeto de permitir la lenidad en las sanciones que deben tener por su delito. Aseguró Tablante que desde el mes de febrero del 97 ha venido denunciando por ante el Consejo de la Judicatura, la actuación de estos jueces, sin que hasta el momento ese organismo haya hecho pronunciamiento alguno. Citó el caso del decomiso de 100 kilogramos de cocaína, incautado en el puerto de La Guaira, en noviembre de 1996, caso en el que los tres implicados fueron puestos en libertad por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Municipio Vargas, a sólo diez días de haber recibido el expediente. También refirió casos en tribunales del estado Nueva Esparta, en donde los incursos en el delito de drogas no han recibido sanción alguna y han sido puestos en libertad de manera irregular. Casos como los citados, dijo Tablante, son del conocimiento del Consejo de la Judicatura, ente que no acciona ninguna sanción contra los magistrados, permitiendo, en consecuencia, que el narcotráfico siga ganando terreno en el país. Ante estas aseveraciones la magistrada Gisela Parra, presidenta del Consejo de la Judicatura, en tono airado ripostó los señalamientos de Tablante, indicando que el problema del narcotráfico no era competencia exclusiva del organismo que dirige. Recordó que de acuerdo a las leyes, las sanciones a los jueces tienen un procedimiento ordinario, que en muchos casos requiere de largo tiempo y de un cúmulo de pruebas importantes. De allí que solicitó del ministro ponderación y ecuanimidad al hacer sus denuncias, a la vez que responsabilizó al Congreso de no reformar a tiempo al Poder Judicial. Parra también inculpó a la Corte Suprema de Justicia, por haber beneficiado a jueces que han sido destituidos por actuaciones irregulares, a la vez que señaló que en muchas oportunidades los jueces que investigan casos de drogas se ven presionados por personalidades de todos los sectores, en busca de la libertad de los detenidos. Entre tanto, Emilio López, presidente de la Comisión parlamentaria, anunció para la próxima semana una nueva reunión con la presencia de todos los jefes nacionales que atienden el problema, a objeto de definir las nuevas políticas relacionadas con el tráfico y consumo de drogas en el país. DESIGNADOS DOS FISCALES PARA INVESTIGAR DENUNCIAS El Fiscal General de la República, Iván Darío Badell González, comisionó a los doctores Alfonzo Márquez Saavedra e Hillys López de Penso, Fiscales 3ß a nivel nacional con competencia plena y ante el Consejo de la Judicatura, respectivamente, para que tramite la denuncia que en contra de 10 jueces, interpusiera el pasado 10 de los corrientes ante el Ministerio Público, el ministro de Estado y presidente de la Comisión Nacional Contra las Drogas, Carlos Tablante. El Ministerio Público, a través de sus representantes fiscales, por una parte, solicitará ante un Tribunal competente la apertura de la averiguación correspondiente y, por otra, la investigación administrativa ante el organismo rector de las respectivas magistraturas, manteniéndose vigilante del curso de las mismas y, requiriendo todas aquellas diligencias que estimen pertinentes, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar.