país Valencia, 16 de Abril de 1998

Editorial Notitarde C.A.

Federico Ramírez La Confederación de Trabajadores de Venezuela no se opone a reajustes de nóminas Caracas, abril 15.- "La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) no se opone a los reajustes de nóminas en los organismos del estado, siempre y cuando al trabajador se le cancele la totalidad de sus derechos socioeconómicos", expresó Federico Ramírez León, presidente del máximo organismo sindical del país. Ramírez León hizo la declaración este miércoles en la sede de la CTV, donde destacó que su posición obedece al planteamiento del presidente de Consecomercio, Antonio Fernández, referente a que "para poder disminuir la burocracia en el país debe hacerse un recorte de las nóminas del sector público". En torno a este tema, el presidente de la CTV también informó que el organismo sindical sólo exige, en el caso de los reajustes de nómina de los entes del estado, que ya se han empezado a efectuar, "que se le paguen todas las Prestaciones Sociales a los empleados de la Administración Pública en el momento que cese su actividad laboral o que prescindan de sus servicios, es decir, "el trabajador debe salir con el cheque en mano". El presidente de la CTV, junto con representantes de otras organizaciones sindicales, recibió en la sede de esa institución al secretario general de Acción Democrática, Luis Alfaro Ucero, y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese Partido, quienes le entregaron la propuesta para el "acuerdo nacional y compromisos programáticos" que ese Partido le ha dispensado a cada una de las organizaciones sindicales e instituciones del país. - La CTV emitirá un criterio oficial en los próximos días, una vez que se haya analizado este documento, el cual constituye un borrador como base para un posible acuerdo nacional, en busca de las mejoras sociales y económicas de los venezolanos-, dijo Ramírez León. Alfaro Ucero, entretanto enfatizó que ninguno de los problemas planteados en este acuerdo los puede solucionar un Partido en especial, ya que para resolverlos "debe haber una continuidad administrativa durante 3 ó 4 años de los próximos períodos constitucionales". (VENPRES/Citlally Gutiérrez)