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¿Quién pone el cascabel al
gato para acabar con las invasiones? Aunque es poco lo que puede hacer el parlamento regional, algunos esperaban que los legisladores arrancaran con vigor el análisis del caso, llevando por ejemplo, la materia a la cámara legislativa con un pronunciamiento enérgico, que inclusive llegara al punto de las interpelaciones de los funcionarios de la administración central, claves para la salida del problema. Aún hay una disyuntiva de quién le pone el "cascabel al gato" para poner fin a las invasiones. Parece que el Consejo Legislativo decidió agotar la vía del diálogo y dejar que sea la prefectura la que asuma el caso, instancia que al parecer será la que solicite la intervención de la fuerza policial. Desde el punto de vista político el costo que tendrían que pagar los legisladores es muy alto, si se toma en cuenta que la mayoría son candidatos uninominales y por lista para las venideras elecciones, y que un invasor significa un voto. Además, como ya es tradicional en nuestro país, son muchos los casos en que sectores han llevado nombres de políticos, aunque varios han surgido de una planificación. Presumimos que a ningún legislador le desagradaría tener un barrio homónimo. Por ejemplo, Barrio César Burguera o Barrio Blanca de Domínguez, por citar a dos de los parlamentarios más destacados de Carabobo. Este martes no hubo amenazas de aplicar la Ley sobre el Régimen de Comparecencias de Funcionarios Públicos y de Particulares, pues sólo se informó que se convocó una reunión de urgencia para este jueves con las partes involucradas, incluso sólo Blanca de Domínguez tuvo la vocería en esta materia.
No obstante, hizo referencia a que fue comisionado por las Comisiones Permanentes de Participación Ciudadana, Seguridad e Infraestructura para gestionar la posición del Instituto Nacional de Tierras, instancia que manifestó que no tienen nada que ver con las invasiones en la zona de Bella Florida, ya que de acuerdo a la Ley de Tierras no son aptas para la agricultura. Azuaje se pronunció por la conformación de una mesa de diálogo y la apertura de una investigación exhaustiva sobre las invasiones en las zonas de Bella Florida en el municipio Libertador, a objeto de conocer quién está detrás del caso. En este aspecto, reveló que envió comunicación al concejal Nelson Salcedo, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal de Valencia, para que informe sobre el trabajo que ellos adelantan sobre la materia, pero aún no han recibido respuesta. En relación a las invasiones en el municipio Carlos Arvelo, anunció que se investiga exhaustivamente quiénes están promoviendo las invasiones. Pero extrañamente nadie hizo referencia al Decreto 886 emitido por el gobernador Henrique Fernando Salas, de fecha 27 de abril de 1999, que prohíbe en todo el territorio del estado Carabobo, las invasiones de terrenos patrimonio de la República, del Estado, de los municipios o de los particulares. Este Decreto establece que los infractores serán sancionados con arresto policial hasta de ocho días, de conformidad a las leyes estadales vigentes. Sin embargo, se espera que los legisladores asuman una posición al respecto y soliciten al gobernador a través de un pronunciamiento de cámara, la aplicación del Decreto, único instrumento legal que podría poner fin a este grave problema.
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Este martes el Consejo Legislativo
dio muestras de intentar buscar salidas a las invasiones de tierras en Carabobo,
pero sin lesionar los sentimientos de los invasores, dada la cercanía
de una campaña electoral.
Aunque no hubo amenazas, el legislador Valmore
Domingo Azuaje, representante del Movimiento V República, aseguró
que el director del Instituto Nacional de Tierras en Carabobo, Luis López
Bora, está dispuesto a asistir al Consejo Legislativo cuando así
le sea requerido.