Caracas, enero 5 (Jesús Castro).- La Defensoría del Pueblo, mediante un escrito distribuido a la prensa, planteó la necesidad de eliminar la corrupción dentro del sistema carcelario, como uno de los pasos necesarios para lograr su humanización.
Según la propuesta realizada por el órgano del Poder Ciudadano, la vigilancia y control de la corrupción iría desde el tráfico de armas, drogas e influencias dentro de los penales hasta hechos cometidos por funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) y la Guardia Nacional.
Así mismo la Defensoría plantea que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) aumente el número de jueces penales, petición que también plantearían al Ministerio Público, con el fin de incrementar la cantidad de fiscales y defensores públicos, medidas que posibilitarían evitar el hacinamiento carcelario.
La Defensoría del Pueblo también se une a las intenciones del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), al señalar lo idóneo de la habilitación de recintos para que se realicen las audiencias dentro de cada cárcel, a la vez que solicita que se instauren cursos de capacitación y estudio para los reclusos, paralelo al fortalecimiento de las misiones y cooperativas.
El director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo y miembro de la Comisión de Emergencia Carcelaria, Germán Saltrón, quien firmó la propuesta redactada por la comisión, señaló en sus consideraciones que "hay que erradicar el falso principio que existe en la mente de algunos vigilantes civiles y militares que consideran que para acabar con la criminalidad hay que matar a los delincuentes".
La propuesta del órgano ciudadano también contempla el aumento del número de vigilantes en cada centro de reclusión.
Asimismo solicitan al MIJ que se capacite constantemente a los vigilantes civiles, para lo cual también considera necesario la Defensoría sea reestructurado el Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios.
Igualmente señala la necesidad de edificar más penitenciarías en el país y remodelar las ya existentes. También sugiere que se construya al menos un internado judicial en cada estado del país.