Exhortaron
Movimiento Federal y Movimiento Liberal Resistencia Civil
"Ciudadanos deben resistirse a decretos
zamoranos"
Valencia, enero 5 (Alejandra
González Poleo/Foto: Pedro Pinilla).- Para Vicente Brito, representante
del Movimiento Federal, es necesario que todos los ciudadanos comiencen
a ejercer presión al Gobierno nacional para que decline en su pretensión
de expropiar tierras a través de los llamados "decretos zamoranos",
pues los mismos son violatorios del derecho a la propiedad privada, consagrado
en la Constitución de la República.
El ex presidente de Fedecámaras realizó una
rueda de prensa en la mañana de este martes junto al economista Guillermo
Rodríguez, del Movimiento Liberal Resistencia Civil, en la sede valenciana
de la Cámara de Comercio, para tratar las implicaciones legales y
económicas de las expropiaciones planteadas por el Gobierno.
Aunque las acciones civiles ante los organismos competentes
como la Fiscalía y los Tribunales nacionales son calificadas por
los propios declarantes como "cruzada quijotesca", ante el secuestro
de poderes por parte del Ejecutivo, Brito tiene fe en que los funcionarios
venezolanos tendrán que entender que no hacer nada en esa materia
atenta contra el país, pues estos decretos condenan la producción
agrícola pues son coartadas para la "imposición ideológica"
y están "muy lejos de proteger a los campesinos", como
alegara el martes presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), Eliécer
Otaiza.
Para Brito, aducir a las agresiones cometidas contra trabajadores
de la tierra para justificar la expropiación de terrenos productivos
no es más que una coartada política para imponer "su
trasnocho ideológico", que solo logrará el empobrecimiento
de la población. Según el empresario, esas agresiones se han
quintuplicado en estos cinco años del gobierno de Hugo Chávez:
"ahora pretenden hacerle pagar a los empresarios los platos rotos para
repartir entre los pobres que ellos mismos han creado".
Como una posible solución, Brito plantea un reto
al Gobierno: la consulta popular. Está convencido de que más
del 90% de los venezolanos deplora la violación al derecho de propiedad
privada y si se realizara un referendo consultivo, los resultados así
lo demostrarían.
Por otro lado, criticó la pretensión del
gobierno de utilizar a la reserva de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para
hacer cumplir esos decretos: "el uso de las reservas se contempla para
situaciones excepcionales en que peligra la soberanía, no para enfrentamientos
entre los propios venezolanos".
REGULARIZAR LA TITULARIDAD
Por su parte, el economista Guillermo Rodríguez,
del Movimiento Liberal Resistencia Civil, explicó algunas de las
implicaciones del empleo de los decretos zamoranos, haciendo énfasis
en el derecho a la propiedad privada y en que su existencia es anterior
y superior a la propia existencia del Estado. Por ello, asegura que el Gobierno
no puede usar el poder público para pisotear un derecho individual
fundamental.
En este sentido, propone que el Gobierno se ocupe de verdadero
problema de las tierras productivas: la titularización. El especialista
recuerda que en el país nunca ha existido una política sostenida
en materia de otorgamientos de títulos de propiedad de tierras y
que en cada cambio de gobierno han cambiado también los criterios
y los procedimientos. Por ello, asegura que la solución más
idónea vendría dada por una política de titularización
que promoviera el derecho sobre las tierras "en igualdad de condiciones
para todos los productores, independientemente de su procedencia y de las
unidades productivas".
Explica Rodríguez que la posibilidad productiva
de una tierra sólo la conoce quien la cultiva y que el Estado no
puede tomar decisiones de expropiación valorando sin conocimiento
real. También asegura que la nacionalidad de los ocupantes de las
tierras no debe ser un elemento considerado para la entrega de los títulos
de propiedad y que en nuestro país está garantizada la propiedad
privada para todos los ciudadanos, dijo haciendo mención al Hato
cojedeño "El Charcote", propiedad de una compañía
británica, y cuya intervención está anunciada por el
gobierno para hacerse efectiva a partir del próximo sábado.
Además, Rodríguez considera que el Estado
debe ocuparse de su trabajo y no de la pretensión de ser empresario.
"Corresponde al Gobierno ocuparse de la seguridad, la vialidad y las
obras públicas, así como del resguardo de los derechos ciudadanos
y la justicia. No tiene derecho a pretender ser dueño de tierras
productivas".

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