Valencia, 6 de Enero de 2005

Editorial
Notitarde
C.A

Exhortaron Movimiento Federal y Movimiento Liberal Resistencia Civil

"Ciudadanos deben resistirse a decretos zamoranos"

Valencia, enero 5 (Alejandra González Poleo/Foto: Pedro Pinilla).- Para Vicente Brito, representante del Movimiento Federal, es necesario que todos los ciudadanos comiencen a ejercer presión al Gobierno nacional para que decline en su pretensión de expropiar tierras a través de los llamados "decretos zamoranos", pues los mismos son violatorios del derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución de la República.

El ex presidente de Fedecámaras realizó una rueda de prensa en la mañana de este martes junto al economista Guillermo Rodríguez, del Movimiento Liberal Resistencia Civil, en la sede valenciana de la Cámara de Comercio, para tratar las implicaciones legales y económicas de las expropiaciones planteadas por el Gobierno.

Aunque las acciones civiles ante los organismos competentes como la Fiscalía y los Tribunales nacionales son calificadas por los propios declarantes como "cruzada quijotesca", ante el secuestro de poderes por parte del Ejecutivo, Brito tiene fe en que los funcionarios venezolanos tendrán que entender que no hacer nada en esa materia atenta contra el país, pues estos decretos condenan la producción agrícola pues son coartadas para la "imposición ideológica" y están "muy lejos de proteger a los campesinos", como alegara el martes presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), Eliécer Otaiza.

Para Brito, aducir a las agresiones cometidas contra trabajadores de la tierra para justificar la expropiación de terrenos productivos no es más que una coartada política para imponer "su trasnocho ideológico", que solo logrará el empobrecimiento de la población. Según el empresario, esas agresiones se han quintuplicado en estos cinco años del gobierno de Hugo Chávez: "ahora pretenden hacerle pagar a los empresarios los platos rotos para repartir entre los pobres que ellos mismos han creado".

Como una posible solución, Brito plantea un reto al Gobierno: la consulta popular. Está convencido de que más del 90% de los venezolanos deplora la violación al derecho de propiedad privada y si se realizara un referendo consultivo, los resultados así lo demostrarían.

Por otro lado, criticó la pretensión del gobierno de utilizar a la reserva de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para hacer cumplir esos decretos: "el uso de las reservas se contempla para situaciones excepcionales en que peligra la soberanía, no para enfrentamientos entre los propios venezolanos".

 

REGULARIZAR LA TITULARIDAD

Por su parte, el economista Guillermo Rodríguez, del Movimiento Liberal Resistencia Civil, explicó algunas de las implicaciones del empleo de los decretos zamoranos, haciendo énfasis en el derecho a la propiedad privada y en que su existencia es anterior y superior a la propia existencia del Estado. Por ello, asegura que el Gobierno no puede usar el poder público para pisotear un derecho individual fundamental.

En este sentido, propone que el Gobierno se ocupe de verdadero problema de las tierras productivas: la titularización. El especialista recuerda que en el país nunca ha existido una política sostenida en materia de otorgamientos de títulos de propiedad de tierras y que en cada cambio de gobierno han cambiado también los criterios y los procedimientos. Por ello, asegura que la solución más idónea vendría dada por una política de titularización que promoviera el derecho sobre las tierras "en igualdad de condiciones para todos los productores, independientemente de su procedencia y de las unidades productivas".

Explica Rodríguez que la posibilidad productiva de una tierra sólo la conoce quien la cultiva y que el Estado no puede tomar decisiones de expropiación valorando sin conocimiento real. También asegura que la nacionalidad de los ocupantes de las tierras no debe ser un elemento considerado para la entrega de los títulos de propiedad y que en nuestro país está garantizada la propiedad privada para todos los ciudadanos, dijo haciendo mención al Hato cojedeño "El Charcote", propiedad de una compañía británica, y cuya intervención está anunciada por el gobierno para hacerse efectiva a partir del próximo sábado.

Además, Rodríguez considera que el Estado debe ocuparse de su trabajo y no de la pretensión de ser empresario. "Corresponde al Gobierno ocuparse de la seguridad, la vialidad y las obras públicas, así como del resguardo de los derechos ciudadanos y la justicia. No tiene derecho a pretender ser dueño de tierras productivas".

 

 

 

 

 



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