Valencia, 9 de Agosto de 2005

Editorial
Notitarde
C.A

Por sucesos del 11 de abril de 2002

Héctor Ramírez Pérez no se pondrá a la orden de la justicia

Caracas, agosto 8 (Felipe González Roa).- El vicealmirante retirado Héctor Ramírez Pérez, señalado por el Ministerio Público de supuestamente haber intentado derrocar al presidente Hugo Chávez durante los sucesos del 11 de abril de 2002 (11-A), no se pondrá a la orden de la justicia venezolana hasta tanto no existan las condiciones mínimas que garanticen el desarrollo de un juicio justo e imparcial.

Para este lunes estaba previsto que el militar acudiera al despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz para ser imputado por rebelión civil. Sin embargo, a través de un comunicado leído por el abogado Carlos Bastidas, anunció que no se pondrá a derecho de las autoridades venezolanas.

"La voluntad del almirante Ramírez Pérez no es la de ser kamikaze o ir al suicidio. El almirante Ramírez Pérez como un buen militar entiende que a veces es necesario el repliegue hasta que las condiciones indiquen que se puede regresar al campo de batalla", comentó su representante.

Bastidas informó que su cliente no se encuentra en Venezuela, pero no precisó en qué otro país está. Por lo pronto, anunció que está estudiando la posibilidad de solicitar asilo político, pues se considera un perseguido del actual régimen.

El abogado afirmó que su cliente nunca estuvo involucrado en conspiraciones para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, ni pretendió desestabilizar al país.

"El almirante Ramírez Pérez no subvirtió el orden público. Por el contrario, contribuyó a restablecer el orden público que había sido resquebrajado por la actitud del presidente de la República y por el alto gobierno", acotó.

Aseguró que el Ministerio Público no puede intentar la apertura de un nuevo juicio por los sucesos del 11 de abril, tras recordar que en agosto de 2002 la Sala Plena del Tribunal Supremo concluyó que los militares involucrados en esos hechos no incurrieron en rebelión civil. Según indicó, la Sala Constitucional no tenía la potestad para revisar y anular este veredicto.

Bastidas anunció que estudiará la posibilidad de plantear este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y poder demostrar la inocencia de Ramírez Pérez.

Además del vicealmirante, la Fiscalía también pretende imputar a los generales Pedro Pereira y Efraín Vásquez Velasco, y al contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Hasta el momento ninguno ha comparecido ante el despacho de Ortega Díaz.



 

 

 



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