Podrán
volver a la vida civil
Más de 2.800 paramilitares dejan
las armas en Colombia
Bogotá, enero 20 (AP).-
En la mayor desmovilización registrada hasta ahora en el largo conflicto
colombiano, unos 2.820 paramilitares del Bloque Minero entregaron el viernes
sus armas a las autoridades.
La ceremonia se realizó en un finca del municipio
de Tarazá, a 350 kilómetros al noroeste de Bogotá,
con la presencia del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo,
y los jefes del grupo ilegal, incluido el comandante Ramiro Vanoy.
Vanoy está pedido en extradición por una
corte de Estados Unidos por tráfico de drogas, al igual que casi
toda la cúpula de la federación paramilitar de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
Restrepo luego de presenciar la entrega de 1.300 armas
de fuego e incluso un helicóptero, le dio la bienvenida a la vida
civil a los combatientes que vestían camuflados y dijo que deben
cooperar en el mantenimiento del orden en el país.
"Corresponde ahora a los ciudadanos cooperar activamente
con la fuerza pública. Si en algún momento se rompió
ese vínculo tenemos que restablecerlo", dijo Restrepo en su
discurso que fue transmitido por la televisión local.
Esta es la desmovilización número 14 de los
grupos paramilitares de extrema derecha, que se realiza en medio de cuestionamientos
sobre la seriedad del proceso de paz que adelantan las AUC con el gobierno
del presidente Alvaro Uribe y acusaciones de que narcotraficantes lo están
utilizando para evadir a la justicia estadounidense.
Uribe tiene como política no autorizar las extradiciones
de las personas que se acojan al proceso de paz.
Hasta el momento, unos 17.000 combatientes se han desmovilizados
y se espera que entreguen las armas otros 3.000.
Las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos y opositores
han afirmado que el gobierno no ha sido cuidadoso en prevenir que estos
grupos paramilitares se rearmen con otros nombres y que el proceso no incluye
pasos reales para que las víctimas y el país conozcan la verdad
de los hechos ocurridos.
Los paramilitares están acusados de decenas de masacres
y otras graves violaciones a los derechos humanos en el marco de su guerra
contrainsurgente.

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