Para
frenar el caos en que está inmerso Puerto Cabello
Apoyan propuesta de Ordenanza para la Convivencia
Ciudadana
Puerto Cabello, enero
20 (Pausides Rodríguez/Foto: Andis Silva).- La propuesta de Ordenanza
de Convivencia Ciudadana que Tíbulo Camacho, prefecto de Puerto Cabello,
introdujo recientemente ante la Cámara Municipal para enfrentar la
anarquía en la que está inmersa la ciudad, tiene todo el respaldo
de la Unidad de Batalla Social (Ubes) 17.850 con sede en la urbanización
Rancho Grande.
Carlos Bolívar y Daniel Arcos, integrantes de esa
organización, destacaron el trabajo que al frente de la prefectura
del municipio ha venido desarrollando Tíbulo Camacho, quien en poco
menos de tres meses y ante tanta indiferencia "ha dado muestras de
querer hacer cosas buenas por esta maltratada ciudad".
Recalcaron los informantes que por falta de autoridad municipal,
el ciudadano porteño y quienes vienen de visita, tienen que convivir
con espectáculos e incomodidades tales como la venta y consumo de
bebidas alcohólicas en plena vía pública, contaminación
visual, operaciones de carga y descarga de vehículos en medio de
la calle, prostitución, falta de control profiláctico y buhonería.
Recordaron Bolívar y Arcos que existen leyes nacionales
que prohíben expresamente este tipo de acciones, sin embargo la falta
de autoridad que campea en el municipio requiere de una ley local muy específica
"donde nadie tenga excusa ni para cumplirla ni para hacerla cumplir".
El anteproyecto en cuestión también sanciona
acciones tan bochornosas pero tan comunes en la ciudad como la de hacer
necesidades fisiológicas en plena vía pública, como
consecuencia de la venta ilegal de licores; el bote de basura y desperdicios
en las aceras, emisión de ruidos molestos, cierre de calles sin autorización
para organizar eventos o su obstrucción para pedir dinero, entre
otras de las tantas arbitrariedades que en la ciudad se cometen impunemente.
TRABAJO COMUNITARIO
Destacaron los informantes la imposición de trabajos
comunitarios en este anteproyecto para el infractor de la convivencia ciudadana,
tales como limpieza y pintura o prestación de cualquier servicio
en sitios públicos, pero con respeto de su condición humana,
así como también la realización de actividades docentes
de acuerdo al grado de instrucción del faltante.

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